jueves, 13 de febrero de 2025

Comparación de la Política Criminal

La Política Criminal de Persecución Penal y Carcelaria de El Salvador y Costa Rica

La política criminal en América Central es un tema complejo que refleja diversos factores socioeconómicos, culturales y políticos. En este contexto, la comparación de las políticas de persecución penal y carcelaria entre El Salvador y Costa Rica es pertinente para comprender las diferencias en sus enfoques y la situación actual de la justicia en ambos países. A continuación, se abordarán los aspectos más relevantes, así como las similitudes y diferencias entre ambos sistemas.

Figura 1

Impacto Legal

Nota: Impacto Legal, Política Criminal. Tomada de (Brenes, 2018)

Contexto de Criminalidad

El Salvador ha estado enfrentando altos niveles de violencia, en gran parte atribuibles a la actividad de pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Esta crisis ha llevado al gobierno salvadoreño a adoptar un enfoque de "mano dura", caracterizado por medidas extremas de control social y una militarización de la seguridad. La respuesta gubernamental ha priorizado la represión, lo que ha suscitado críticas por su impacto en los derechos humanos y la aplicación de reformas punitivas que facilitan detenciones masivas y un control severo sobre los infractores.

Por otro lado, Costa Rica presenta un panorama más pacífico, con tasas de criminalidad notablemente más bajas. Aunque también enfrenta desafíos en la gestión del delito, el país ha optado por implementar políticas de prevención y rehabilitación, en lugar de un enfoque confrontativo. La tradición de estabilidad política de Costa Rica y su compromiso con los derechos humanos les han permitido desarrollar estrategias más pacíficas y orientadas hacia la inclusión social. Estas políticas buscan abordar las causas estructurales del delito mediante la educación, la creación de empleo y la promoción de la cohesión social, con el objetivo de mitigar los factores que impulsan a los individuos hacia la delincuencia.

Este contraste entre las políticas de seguridad de El Salvador y Costa Rica resalta cómo diferentes enfoques pueden impactar no solo los índices de criminalidad, sino también el respeto a los derechos humanos y la construcción de sociedades más cohesivas. La reciente visita de Bukele a Costa Rica refuerza el discurso de Chaves en favor de políticas más estrictas contra el crimen, especialmente en un contexto donde el país ha experimentado un aumento en su tasa de homicidios. La influencia de Bukele en la región podría provocar un cambio en la narrativa y en la implementación de estrategias en Costa Rica, donde la necesidad de equilibrar la seguridad y los derechos humanos es más crítica que nunca. Como se presenta en la siguiente noticia: 

El País, 13/11/2024, pág. 1

Nayib Bukele deja huella en la Costa Rica de Rodrigo Chaves con consejos y planes conjuntos

El presidente costarricense rinde honores al salvadoreño y recibe su “asesoría” sobre política de seguridad mientras ambos plantean una alianza internacional y afrontan una emergencia por inundaciones.

Enlace; 

https://elpais.com/america/2024-11-14/nayib-bukele-deja-huella-en-la-costa-rica-de-rodrigo-chaves-con-consejos-y-planes-conjuntos.html?utm_source=chatgpt.com

Comparación del Salvador y Costa Rica

   1. Enfoque de la Persecución Penal

La política de persecución penal en El Salvador se ha caracterizado por:

  • Enfoque punitivo: La detención masiva de sospechosos y la criminalización de grupos vulnerables son prácticas comunes. El estado de excepción y las reformas legales han fortalecido el aparato punitivo, llevando a violaciones de derechos humanos y un sistema legal desbordado.
  • Dureza y autoridad: Este enfoque ha sido visto como un intento de controlar la violencia de las pandillas a través de una represión severa, donde el costo humano es inmenso y el riesgo de detenciones arbitrarias es alto.

En contraste, en Costa Rica, el enfoque se enfatiza en:

  • Rehabilitación y prevención: La política criminológica busca llevar a cabo estrategias que integren a los delincuentes a la sociedad a través de programas de mediación y educación, abordando las causas del delito en lugar de solo castigar.
  • Justicia restaurativa: Se apuesta por medidas que fomenten el diálogo y la reparación del daño, centrándose más en el bienestar de la comunidad y la rehabilitación del infractor.

Este contraste entre un enfoque punitivo y un enfoque rehabilitador destaca las diferencias fundamentales en cómo se aborda la criminalidad en ambos países.

   2. Condiciones Carcelarias

Las condiciones carcelarias en El Salvador son motivo de gran preocupación:

  • Hacinamiento extremo: Las prisiones están desbordadas y las condiciones son inhumanas, con denuncias de violencia, abuso y falta de atención médica adecuada.
  • Violación de derechos humanos: Se han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos, con una falta de recursos que aumenta la crisis dentro del sistema carcelario.

Por el contrario, aunque Costa Rica también enfrenta desafíos en su sistema penitenciario, las condiciones suelen ser superiores:

  • Énfasis en la educación: Existe un enfoque más robusto en programas de educación y capacitación laboral dentro de las cárceles, lo que contribuye a una mejor reinserción social de los internos.
  • Menor violencia: A pesar de la sobrepoblación, las situaciones violentas dentro de las cárceles son menos comunes en comparación con El Salvador, en parte debido a un enfoque más orientado al respeto de los derechos humanos.

   3. Enfoque en Derechos Humanos

El enfoque de los derechos humanos es otro aspecto en el que ambos países difieren notablemente:

  • El Salvador ha sido objeto de críticas internacionales por violaciones de derechos humanos en su lucha contra la delincuencia. Las políticas de mano duran a menudo han llevado a la detención arbitraria y al uso excesivo de la fuerza, lo que ha generado dudas sobre la legitimidad del sistema de justicia.
  • Costa Rica, por el contrario, es reconocido por su compromiso con la protección de los derechos humanos. A pesar de los desafíos, su sistema judicial intenta alinearse con los estándares internacionales y evitar medidas coercitivas que deterioren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

   4. Aspectos Legales y Normativos

Finalmente, las diferencias en las legislaciones de ambos países también son marcadas:

  • En El Salvador, las reformas legales han tendido a incrementar el aparato punitivo, muchas veces en respuesta a presiones sociales por mejorar la seguridad, aunque a costa de la legalidad y el respeto por los derechos humanos.
  • En Costa Rica, la legislación busca proteger los derechos del individuo y garantizar el debido proceso, aunque enfrenta presiones sociales y políticas que constantemente retan su compromiso.
Figura 2

Condecoración del Mandatario
Nota: Nayib Bukele y Rodrigo Chaves durante la condecoración del mandatario salvadoreño. Tomada de (Lapresse, 2024) 

Estrategias de Mano Dura en El Salvador

A pesar de las críticas y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que ha enfrentado, la estrategia de mano dura en El Salvador ha exhibido ciertas ventajas en términos de resultados inmediatos. La evidencia sugiere que se ha logrado una reducción considerable en las tasas de criminalidad, especialmente en áreas que antes estaban bajo el dominio de pandillas. Ciudades que anteriormente eran percibidas como peligrosas han experimentado mejoras en su seguridad, lo que permite un mayor desarrollo económico y recuperación del control territorial por parte del Estado. “[…] El Salvador ya no está dentro de los países más peligrosos del mundo […] Lo que deja una buena apariencia a nivel internacional. […] Según las encuestas del barómetro de las Américas,  la percepción de seguridad ha mejorado significativamente […]” (Estrada Matute, 2024, p.4).

Sin embargo, es esencial realizar un análisis crítico sobre la sostenibilidad de tales políticas a largo plazo. Las soluciones represivas podrían no solo ignorar las raíces estructurales de la criminalidad, sino también exacerbar problemas sociales que alimentan la violencia. Por lo tanto, es fundamental buscar un equilibrio entre la necesidad de seguridad inmediata y la implementación de estrategias que aborden las causas subyacentes de la delincuencia para garantizar una paz duradera y un desarrollo social integral.

Referencias bibliográficas

Estrada Matute, J. N. (2024). Política de mano dura, eficacia y reducción de la violencia en Honduras y El Salvador. TEKNÉ Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 1(2). Recuperado a partir de https://revistas.unitec.edu/tekne/article/view/310/403

Brenes, R. (05 de junio de 2018). Impacto Legal, Política Criminal [Fotografía]. Obtenido de La República: https://www.larepublica.net/noticia/politica-criminal-narcotrafico-y-delincuencia-organizada

Lapresse. (12 de noviembre de 2024). Nayib Bukele y Rodrigo Chaves durante la condecoración del mandatario salvadoreño [Fotografía]. Obtenido de Marca: https://us.marca.com/actualidad/2024/11/13/6733fd2046163f719b8b4589.html

Murillo, Á. (2024, 14 noviembre). Nayib Bukele deja huella en la Costa Rica de Rodrigo Chaves con consejos y planes conjuntos. El País América. Recuperado de https://elpais.com/america/2024-11-14/nayib-bukele-deja-huella-en-la-costa-rica-de-rodrigo-chaves-con-consejos-y-planes-conjuntos.html?utm_source=chatgpt.com

miércoles, 12 de febrero de 2025

Criminología y Política Criminal

Figura 1

Criminología

Nota: La Criminología. Tomada de (UNIR Perú, 2024).

Criminología y Política Criminal: Un Camino hacia la Transformación del Sistema de Justicia Penal

El desafío de la criminalidad en nuestras sociedades contemporáneas exige una formulación eficiente de políticas criminales que sean capaces de ajustarse a la realidad cambiante de los fenómenos delictivos. En este contexto, la criminología desempeña un papel fundamental al aportar un enfoque basado en la evidencia y el análisis empírico que puede influir positivamente en la política criminal, superando el estancamiento que a menudo se observa en los sistemas de justicia penal. A lo largo de este blog, exploraremos cómo la criminología, en su interacción con el derecho penal y la política criminal, puede ofrecer plataformas estratégicas para abordar el delito de manera más efectiva y respetuosa de los derechos humanos.

La Relación entre Criminología y Derecho Penal

Desde el siglo XIX, la criminología y el derecho penal han sido conceptualizadas como disciplinas entrelazadas, aunque con características diferenciadas. Claus Roxin, uno de los referentes más influyentes en el pensamiento criminológico, caracteriza la criminología como una disciplina que investiga empíricamente el fenómeno criminal. Por su parte, la política criminal se entiende como un conjunto de estrategias y métodos que el Estado implementa para abordar el delito, abarcando tanto la prevención como la represión.

Este marco conceptual permite vislumbrar la política criminal como un terreno en el que convergen las perspectivas criminológicas y las exigencias del derecho penal, actuando como un puente entre ambas disciplinas. La criminología ha sido vista históricamente como una disciplina subsidiaria al derecho penal, integrando este último con perspectivas y métodos diversos que enriquecen su entendimiento. “[…] Pero la Criminología, pese a los intentos de desplazamiento del modelo de penal clásico, ha sido durante años considerada y sigue siendo ciencia auxiliar del Derecho Penal, complementaria al mismo […]” (Gaspar & Martínez 2015, p.163). 

Esta interrelación se vuelve esencial, ya que los conocimientos científicos que aporta la criminología permiten un diagnóstico más realista del fenómeno criminal, algo que el derecho, con su método formal y abstracto, a menudo carece. Así, la criminología no solo sirve como complemento, sino que se convierte en una herramienta crucial para interpretar y actuar sobre la realidad del delito, fortaleciendo el entramado del derecho penal moderno.

La política criminal no sólo es una respuesta a la criminalidad, sino también una reflexión sobre cómo esa respuesta debe estructurarse. A mediados del siglo XIX, teóricos como Von Liszt comenzaron a concebir la política criminal como los métodos que el poder público podría emplear para proteger la sociedad del delito, estableciendo un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos individuales. Sin embargo, las intervenciones preventivas en el ámbito penal plantean desafíos, pues el mismo ideario liberal que fundamenta el Estado restringe la capacidad del poder público para intervenir cuando no existe un delito consumado.

La Evolución de la Política Criminal

A medida que la estructura del Estado ha evolucionado desde el liberalismo hacia un enfoque más intervencionista, la política criminal ha ampliado su misión para incluir no solo la reacción ante el delito, sino también un enfoque en la prevención. Así, la política criminal moderna se concibe como un conjunto de conocimientos y experiencias que pueden proporcionar al legislador las herramientas necesarias para reformar las leyes penales de manera que se satisfagan los objetivos de seguridad y justicia. Estos ideales chocan a menudo con una práctica penal que, por sus propias características, puede resultar obsoleta o insuficiente para responder a la complejidad del fenómeno criminal actual.

La Criminología como Herramienta para la Política Criminal

Establecer una relación eficiente entre criminología y política criminal es crucial para el desarrollo de un sistema de justicia penal que funcione adecuadamente. La criminología, al realizar estudios empíricos sobre la naturaleza del crimen y sus determinantes, puede ofrecer datos valiosos que permitan a los responsables de formular políticas adoptar decisiones informadas. De esta forma, la política criminal puede construir estrategias que no solo sean reactivas, sino también proactivas, enfocadas en la prevención del delito y en la reintegración de los delincuentes a la sociedad.

Un ejemplo de esto es la siguiente noticia, ya que la noticia ilustra cómo la criminología puede influir en la formulación de políticas públicas más eficientes, transformando el sistema de justicia penal de una manera más preventiva y rehabilitadora.

ECUADOR.UNIR.NET, 31/12/2024, pág. 1

El Papel de la Criminología en la Reforma del Sistema Penal

La criminología, que estudia los factores que inducen al comportamiento delictivo y sus consecuencias, además de dedicarse a entender el delito, propone soluciones para la prevención y la rehabilitación. El trabajo criminólogo es una herramienta clave, a fin de transformar el sistema penal, haciendo que se enfoque en la rehabilitación de los infractores y la reintegración de estos a la sociedad.

Enlace; 

https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/criminologia-sistema-penal/?utm_source=chatgpt.com

En la actualidad, la evidencia sugiere que las políticas de criminalización y represión por sí solas no son suficientes para reducir el crimen. Un enfoque criminológico que examine las causas profundas de la delincuencia, como factores socioeconómicos y culturales, resultaría en una política criminal más efectiva, que no se limite solo a sancionar conductas, sino que busque transformar la realidad que las provoca. Esto es especialmente relevante en contextos donde los problemas sociales se manifiestan como criminalidad, pues la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia estructural son factores que alimentan el ciclo del delito.

La Política Criminal como Punto de Encuentro

La política criminal se puede entender como el puente que une ambos campos: se alimenta de los conocimientos aportados por la criminología y, al mismo tiempo, traduce esta información en propuestas legislativas eficientes que reflejen la realidad social. En su esencia, la política criminal no solo busca reducir la criminalidad, sino equilibrar la protección de la sociedad y el respeto a los derechos individuales.

En la medida en que se reconoce que la delincuencia es un fenómeno social complejo, que requiere un tratamiento adecuado por parte del Estado, se hace evidente que las estrategias de política criminal deben ser multidimensionales. Esto implica la colaboración de diversas disciplinas que comprenden la acción social, la sociología, y la economía, entre otros, y que sirven como marco para la formulación de políticas integrales. “[…] la Política Criminal de los momentos actuales, encontrándose entre los más destacados: “El respeto que se pide a los derechos humanos, […] la promoción de la participación de la comunidad local, regional, en la justicia, así como la de instituciones variadas […]” (Prieto, s. f., p. 5).

La Necesidad de Reformas en el Sistema de Justicia Penal

El actual estancamiento en muchos sistemas de justicia penal se debe, en gran parte, a la falta de integración entre la criminología y las decisiones legislativas. Cuando se disocia el estudio empírico del fenómeno delictivo de la formulación de políticas, se corre el riesgo de implementar leyes que son ineficaces o contraproducentes. La experiencia del pasado ha demostrado que los enfoques punitivos pueden resultar en una alta tasa de encarcelamiento sin una reducción concomitante del crimen.

Es fundamental que la política criminal reconozca y respete la dignidad humana y los derechos de todas las personas, incluidos los delincuentes. La intervención del Estado debe equilibrarse con la atención a los derechos de los individuos, así como con la búsqueda de soluciones que estén en consonancia con el marco de un Estado democrático y de derecho. Bajo esta luz, la criminología puede jugar un papel esencial al evidenciar prácticas que disminuyan las violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, reduzcan la criminalidad.

La Rehabilitación como Pilar de la Política Criminal

La resocialización de los delincuentes debe ser un principio rector en cualquier política criminal que aspire a ser efectiva. El tratamiento y reintegración de quienes han infringido la ley no solo disminuye la probabilidad de reincidencia, sino que también promueve un sentido de justicia reparativa en la sociedad. La política criminal contemporánea debe integrarse con estrategias que fomenten la rehabilitación y el acceso a oportunidades, reducir la estigmatización de los delincuentes y facilitar su reintegración social.

La actual tendencia hacia la despenalización de ciertas conductas, junto con enfoques restaurativos que empoderan a las comunidades en la solución de conflictos, son excelentes ejemplos de cómo estos principios pueden materializarse en prácticas efectivas. Al involucrar a la comunidad en la justicia, se fomenta una cultura de responsabilidad compartida y, a menudo, se llega a soluciones más justas que han demostrado ser más satisfactorias que las importaciones clásicas del punitivismo.

Referencia bibliográfica 

Gaspar Chirinos, A., & Martínez Huamán, R. E. (2015). ESTUDIOS DE y POLÍTICA CRIMINAL DERECHO PENAL: Vol. TOMO 1 (1 Edición). Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú.

Prieto H, M. (s. f.). Fines de la Política Criminal. Academia.edu. Recuperado de https://www.academia.edu/6177966/Fines_de_la_Politica_Criminal

UNIR Perú. (26 de Enero de 2024). La Criminología [Fotografía]. Obtenido de Universidad Internacional de La Rioja: https://peru.unir.net/revista/derecho/donde-estudiar-criminologia-peru/

Unir. (2024b, diciembre 31). El Papel de la Criminología en la Reforma del Sistema Penal. Universidad Virtual. | UNIR Ecuador - Maestrías y Grados Virtuales. Recuperado de https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/criminologia-sistema-penal/?utm_source=chatgpt.com


martes, 11 de febrero de 2025

Elementos Fundamentales de una Política Criminal Estatal: Instituciones y Campos de Acción

Política Criminal Estatal

La política criminal estatal es un componente crucial del sistema de justicia de un país, ya que aborda no solo la comisión de delitos, sino también la prevención y el tratamiento de la criminalidad a través de un enfoque integral. Una política criminal adecuada debe ser el reflejo de valores como el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la rehabilitación. A continuación, exploraremos los elementos que deben contener estas políticas, así como las instituciones generadoras de políticas criminales y sus respectivos campos de acción.

Figura 1

Política Criminal Estatal

Nota: La Política Criminal Estatal. Tomada de (Judicial, 2019)

Elementos de una Política Criminal Estatal

   1. Prevención del Delito

La prevención del delito es un elemento vital que busca impedir la comisión de delitos antes de que ocurran. Se debe considerar que la prevención no solo implica garantizar la seguridad, sino también abordar las causas subyacentes de la criminalidad. Esto se puede lograr a través de diversas estrategias, incluyendo:

  • Programas de Educación: Estos programas pueden enfocarse en valores cívicos y en prevención del delito, especialmente dirigidos a grupos en situaciones de riesgo, como jóvenes en comunidades vulnerables.
  • Oportunidades Laborales: La promoción de oportunidades de empleo es fundamental para disuadir la criminalidad, ya que las personas con empleo tienen menos incentivos para participar en actividades delictivas.
  • Acciones Comunitarias: Involucrar a la comunidad en la identificación de problemas y en la creación de soluciones puede fortalecer el tejido social y prevenir el delito.

   2. Persecución Penal Eficiente

La persecución penal debe ser clara, efectiva y justa. Esto incluye diversas estrategias que aseguren la rapidez y la justicia en la respuesta institucional ante la criminalidad, entre las cuales destacan:

  • Investigación Adecuada: Un enfoque coordinado entre fuerzas de seguridad y fiscalías es esencial para investigar delitos con eficacia y sentido de urgencia.
  • Debido Proceso: Garantizar que los derechos de los acusados sean respetados es fundamental para mantener la integridad del sistema judicial.
  • Uso de Tecnología: La implementación de herramientas tecnológicas y técnicas de inteligencia criminal puede mejorar la eficacia en la investigación y persecución de delitos.

   3. Rehabilitación y Reinserción

La reclusión sin oportunidad de rehabilitación no solo es ineficiente, sino que puede tener efectos contraproducentes. Por lo tanto, se deben incluir:

  • Programas de Rehabilitación: Estos programas deben centrarse en proporcionar habilidades y recursos a los internos que les permitan reintegrarse exitosamente a la sociedad.
  • Medidas Alternativas a la Prisión: Promover la justicia restaurativa y el uso de medidas alternativas que no impliquen encarcelamiento es vital para reducir la reincidencia.

   4. Protección de Víctimas y Testigos

La protección de las víctimas y testigos es un pilar esencial de una política criminal justa y efectiva. Garantizar su seguridad y bienestar no solo fortalece la confianza en el sistema de justicia, sino que también facilita su participación en los procesos judiciales sin temor a represalias. “[…] Una real protección de testigos -que incluya proporcionar nueva identidad, medios de subsistencia, relocalización, etc. […] también constituyen aspectos de una política criminal estatal […]” (Ugarte, 2022, p. 6). Esto implica:

  • Asistencia Integral: Proporcionar recursos como asesoría legal, atención psicológica y refugio a las víctimas de delitos.
  • Protección de Testigos: Garantizar que aquellos que colaboran con el sistema de justicia puedan hacerlo sin temor a represalias.

   5. Respeto a los Derechos Humanos

Todas las políticas criminales deben estar fundamentadas en el respeto absoluto a los derechos humanos, garantizando que las acciones del Estado en materia de seguridad y justicia sean proporcionales, equitativas y acordes con los principios del derecho internacional.

  • Supervisión y Control: Existen instituciones encargadas de supervisar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penal y penitenciario.
  • Capacitación Continua: La formación continua de las instituciones encargadas de la justicia es esencial para que comprendan y respeten los derechos fundamentales.

   6. Coordinación Interinstitucional

La colaboración entre diferentes instituciones es fundamental para la efectividad de la política criminal. Una respuesta integral y eficaz ante el crimen requiere la articulación de esfuerzos entre organismos del Estado, entidades de seguridad, el poder judicial y la sociedad.

  • Trabajo en Red: Establecer protocolos de cooperación entre policía, fiscalías y administraciones de justicia.
  • Participación Ciudadana: Involucrar a la sociedad civil en la elaboración y aplicación de políticas criminales, garantizando que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas.

Instituciones Generadoras de Políticas Criminales

En el ámbito estatal, diversas instituciones juegan un papel crucial en la formulación y aplicación de políticas criminales. A continuación se detallan algunas de ellas:

   1. Ministerio de Justicia

Campo de Acción: Este ministerio es responsable de la formulación de políticas relacionadas con el sistema penal, así como de la supervisión del sistema penitenciario. Su trabajo abarca múltiples aspectos clave dentro del ámbito de la justicia y la seguridad jurídica.

   2. Ministerio Público (Fiscalías)

Campo de Acción: Encargadas de la persecución penal, investigan y juzgan a los infractores de la ley, garantizando un proceso justo y transparente. Además, velan por el respeto al debido proceso y trabajan en estrecha coordinación con otros organismos de seguridad y justicia.

   3. Policía Nacional o Fuerzas de Seguridad

Campo de Acción: Se enfocan en la prevención del delito y la investigación de crímenes a través de actividades de patrullaje y detención.

   4. Instituciones Penitenciarias

Campo de Acción: Administran los centros de reclusión y son responsables de implementar programas de rehabilitación y reinserción social. Además, velan por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y garantizan la seguridad dentro de los recintos penitenciarios.

Un caso que ejemplifica esto se presenta en la siguiente noticia, donde las intervenciones de la Policía Penitenciaria forman parte de los esfuerzos para mantener el orden y la disciplina en las cárceles, evitando el ingreso de objetos ilícitos como drogas, armas y celulares, los cuales pueden provocar violencia o facilitar actividades delictivas desde el interior.

Trivisión Costa Rica, 01/08/2025, pág. 1

Más de 12 mil intervenciones penitenciarias en Costa Rica en 32 meses

La Policía Penitenciaria de Costa Rica realizó 12.975 intervenciones en 32 meses, decomisando droga, armas blancas y bebidas alcohólicas en centros penitenciarios.

Enlace; 

https://trivisioncr.com/noticias-nacionales/mas-de-12-mil-intervenciones-penitenciarias-en-costa-rica-en-32-meses/#utm_source=chatgpt.com

   5. Ministerio de Salud

Campo de Acción: Colabora en la prevención del delito mediante programas relacionados con salud mental y tratamiento de adicciones. Además, su labor se extiende a la atención de personas privadas de libertad, la rehabilitación de víctimas y la promoción de políticas de salud que reducen la vulnerabilidad social.

   6. Centros de Atención a Víctimas

Campo de Acción: Brindan apoyo y asistencia a las víctimas de delitos, desde atención psicológica hasta asesoría legal.

Una política criminal estatal que busque ser efectiva y equitativa debe reconocer la complejidad del fenómeno delictivo y abordar sus diferentes dimensiones. A través de la prevención, persecución, rehabilitación y un enfoque en los derechos humanos, junto con la colaboración de múltiples instituciones, se puede construir un sistema de justicia que no solo castigue el delito, sino que también busque su resolución a través de la reinserción social y la protección de los más vulnerables. Con cada país adaptando estas pautas a su contexto específico, se establece un camino hacia una sociedad más segura y justa.

Referencias bibliográficas

Judicial, E. (8 de abril de 2019). Curso Implicaciones de los tratados de extradición en la política criminal estatal [Fotografía]. Obtenido de Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla: https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/node/2378

Noticias. (2025, 8 enero). Más de 12 mil intervenciones penitenciarias en Costa Rica en 32 meses. Trivisión Costa Rica. Recuperado de https://trivisioncr.com/noticias-nacionales/mas-de-12-mil-intervenciones-penitenciarias-en-costa-rica-en-32-meses/#utm_source=chatgpt.com

Ugarte, J. M. (2022). La política criminal en Latinoamérica:¿ cómo prevenir, reducir, evitar el delito?. Boletín Semestral, (76). Recuperado de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87523719/ARTICULO_BOLETIN_76-libre.pdf?1655248122=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLa_politica_criminal_en_Latinoamerica_co.pdf&Expires=1739307794&Signature=aGLYU57uv3t~EUgRIwd3E3MHvcTkVEKjZU-wHQp-Vq5PbJMcg1V1K4pZdoHToPp2iR6bgdvIxoHVxpwh0m~~bRtpByxk06vW1iWUnesdZETfIyXWvJ7pHtaJrE-DAQAwN-I1DjQX2B870mGgdCNyXGXtrmlniwtBHppT9U4uiUevcSQ34Q7~KOECdsz3Tu~MyZJYyjvyF1L8GsTcvjcuqEDjSygTFbF0akb4NWowgZFgREy5ew~jJCrCnTzaySeWDi6t7LjKflJ3qyjNx5Ea0gYRTHqZX4dkAzzvSaLoy984VJVcvgxP2a8dB1KuGzJLdAX1fo6XhKccJe-iJiWzZQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

lunes, 10 de febrero de 2025

Política Criminal y Política General: Un Análisis Integral

Política Criminal y General

La política criminal y la política general son dos conceptos que, aunque interrelacionados, presentan enfoques y objetivos claramente diferenciados. Entender estas diferencias es crucial para desarrollar estrategias efectivas y justas que respondan a las complejidades de la sociedad contemporánea. En este blog, exploraremos las características de cada una, la forma en que pueden integrarse y los beneficios que una política criminal bien formulada puede aportar a la comunidad.

¿Qué es la Política Criminal?

La Política Criminal se define como el conjunto de estrategias y medidas implementadas por los poderes públicos con el propósito de prevenir, controlar y sancionar comportamientos delictivos. Sin embargo, su alcance va más allá de la mera represión de delitos; también se centra en la reintegración de los delincuentes en la sociedad. Se trata de una disciplina que transita entre la ciencia del delito y la política pública, abordando tanto las causas del crimen como la necesidad de proteger la convivencia social.

Un aspecto fundamental de la política criminal es su enfoque interdisciplinario, que analiza el sistema de control social y las diversas medidas preventivas implementadas desde diferentes sectores. Desde su concepción, busca no solo comprender las dinámicas del delito, sino también cómo estas interacciones afectan a los individuos y a la comunidad en general.

Figura 1

Política Criminal

Nota: La política criminal. Tomada de (Luna Leyva, 2021).

¿Qué es la Política General?

En contraste, la Política General es un concepto más amplio, que incluye la administración de un país o entidad en su totalidad. Dentro de este marco se abordan áreas como la economía, educación, salud, seguridad y más. Aquí, la política criminal se encuentra como un subcampo específico que, aunque crucial, representa solamente una parte del diseño general de políticas del Estado.

La política general tiene múltiples objetivos, que pueden variar desde el desarrollo social hasta la estabilidad política y el crecimiento económico. Por consiguiente, aunque cada área de política es importante, la política criminal ocupa un lugar específico dentro de un panorama más amplio.

Figura 2

Política General

Nota: La Política General de Gobierno. Tomada de (Cuba, 2023).

Diferencias Clave entre la Política Criminal y la Política General

  1. Enfoque

Política Criminal: Se centra en la creación, implementación y evaluación de estrategias específicas dirigidas a la prevención del delito y a la administración efectiva de la justicia. Esto incluye el diseño de leyes, programas de rehabilitación y tácticas de control del crimen que abordan problemas concretos en la sociedad. “[…] la política criminal supone el análisis de todo el sistema de control social y de las medidas preventivas que están dadas por las políticas públicas desde los […] distintos aspectos que conforman el proceso de criminalización social […]” (López, 2018, p. 2).

Política General: Formula políticas que abarcan una amplia gama de áreas del gobierno y aspectos de la vida cotidiana, como la salud pública, la educación, el desarrollo urbano y el medio ambiente. Su enfoque es más holístico, persiguiendo la integración de esfuerzos en diversas áreas para mejorar el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

     2. Objetivos:

Política Criminal: Busca principalmente la reducción de la criminalidad y la protección de la sociedad. Esto implica no solo el castigo de los infractores, sino también la reintegración social de los individuos, la mejora de la percepción de seguridad y la promoción de la confianza en el sistema de justicia penal.

Política General: Persigue una variedad de objetivos que pueden incluir el desarrollo económico, la mejora de la educación, la promoción de la salud y, en general, el bienestar social de los ciudadanos. Las políticas generales intentan crear un entorno en el que todos los aspectos de la vida de los ciudadanos se interrelacionen positivamente, fomentando así una sociedad más equitativa y próspera.

   3. Impacto:

Política Criminal: Tiene un impacto directo en la seguridad, la justicia y la percepción pública del orden social. Las decisiones tomadas en este ámbito afectan de inmediato la vida de las personas, ya sea a través del control del delito o del funcionamiento del sistema judicial. Asimismo, el enfoque en la justicia penal influye en la relación entre las comunidades y las fuerzas del orden.

Política General: Su impacto se extiende a la economía y al bienestar social en su conjunto. Las iniciativas en áreas como la educación y la salud generan efectos a largo plazo que pueden transformar comunidades y mejorar la calidad de vida. Además, las decisiones en ámbitos como la política fiscal y el empleo afectan más allá del gobierno, moldeando la estructura social y económica de un país.

Beneficios de una Política Criminal Bien Planteada y Dirigida

La implementación efectiva de una política criminal bien formulada tiene varias ventajas significativas para la sociedad:

1. Prevención del Delito:

Una política criminal efectiva puede proporcionar medidas preventivas, tales como programas educativos y de concienciación social que busquen disminuir los índices de criminalidad. La educación es un componente clave para abordar las raíces del delito, ayudando a crear sociedades más informadas y menos proclives a la violencia.

2. Mejora de la Seguridad Ciudadana:

Al abordar las causas del delito y optimizar la capacidad de respuesta del sistema judicial, una política criminal bien organizada puede aumentar la percepción de seguridad entre los ciudadanos. Esta sensación de seguridad es crucial para la cohesión social y el desarrollo comunitario.

3. Reinserción Social:

Una política bien diseñada se enfoca también en la reintegración de los delincuentes, reduciendo los índices de reincidencia. Esto no solo beneficia a los individuos que han cometido delitos, sino que también fortalece a la comunidad al transformar potenciales reincidentes en ciudadanos productivos.

Un ejemplo de ello se encuentra en la siguiente noticia, en donde entrada en vigor en Nueva York de la ley Clean Slate ("Borrón y cuenta nueva"), la cual permite facilitar la reinserción de personas con condenas previas, evitando que su historial les perjudique en el acceso a empleo, vivienda o educación.

El País, 21/11/2024, pág. 1

Nueva York ofrece una segunda oportunidad a los delincuentes

Los latinos y afroamericanos se encuentran entre los más beneficiados por la ley del borrón y cuenta nueva del Estado, que sella el pasado criminal cuando ya se ha cumplido con la Justicia

Enlace; https://elpais.com/us/2024-11-22/nueva-york-ofrece-una-segunda-oportunidad-a-los-delincuentes.html?utm_source=chatgpt.com

4. Eficiencia en la Administración de Justicia:

Con estrategias acertadas, los recursos del sistema de justicia pueden ser utilizados de manera más eficaz. Esto se traduce en una gestión más justa y expedita de los casos, reflejando las necesidades de una sociedad que busca ver justicia de manera efectiva.

5. Construcción de Confianza:

Una política criminal que sea transparente y equitativa puede contribuir significativamente a la confianza del público en las instituciones del gobierno y en el sistema judicial. La confianza es fundamental para el tejido social, permitiendo una colaboración más efectiva entre los ciudadanos y las autoridades.

6. Protección de Derechos Humanos:

Una política criminal bien formulada no solo supervisa la actuación de las instituciones frente al delito, sino que también protege los derechos tanto de las víctimas como de los delincuentes. Esto promueve una gestión más humana y justa, esencial para el respeto a la dignidad humana.


A medida que el mundo evoluciona y las dinámicas sociales cambian, la importancia de contar con una política criminal bien planteada y dirigida se vuelve inminente. Los beneficios obtenidos no solo impactan a nivel inmediato en la seguridad ciudadana, sino que también sientan las bases para una sociedad más justa, equitativa y estable a largo plazo.

Referencias bibliográficas

Cuba, H. (27 de Marzo de 2023). La Política General de Gobierno [Fotografía]. Obtenido de El montonero: https://elmontonero.pe/columnas/por-fin-la-politica-general-de-gobierno

López, I. S. (2018). LA POLÍTICA CRIMINAL y EL DAÑO SOCIAL EN COSTA RICA. Revista de Ciencias Sociales, 161. Recuperado de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/35070/34617

Luna Leyva, P. (23 de Febrero de 2021). Política criminal | Foro Jurídico [Fotografía]. Obtenido de Forojuridico: https://forojuridico.mx/politica-criminal/

Nieto, A. B. (2024, 22 noviembre). Nueva York ofrece una segunda oportunidad a los delincuentes. El País US. Recuperado de  https://elpais.com/us/2024-11-22/nueva-york-ofrece-una-segunda-oportunidad-a-los-delincuentes.html?utm_source=chatgpt.com 



domingo, 9 de febrero de 2025

Política Criminal: Objeto de Estudio y Sus Finalidades

Figura 1

Política Criminal

Nota. Entorno a la Política Criminal. Tomada de (Fernanda, 2023)

Política Criminal

La Política Criminal es un campo que integra diversas disciplinas para abordar la criminalidad de manera efectiva. Su principal propósito es analizar, diseñar y evaluar las estrategias que el Estado y la sociedad deben implementar para prevenir, controlar y sancionar el delito. Esta disciplina se sitúa en la intersección del derecho penal y las ciencias sociales, y se centra en gestionar el fenómeno delictivo dentro de contextos sociales específicos. Comprender la Política Criminal es fundamental para saber cómo un Estado debe tratar a quienes transgreden las normas de convivencia, asegurando así la protección de los individuos y la colectividad en su conjunto.

Objeto de Estudio

La Política Criminal se enfoca en tres áreas fundamentales: la prevención del delito, la sanción de los infractores y la protección de las personas y la convivencia social. Para entender la complejidad del fenómeno criminal, es esencial estudiar las causas del delito, los efectos de las sanciones y la eficacia del sistema penal. Este campo abarca tanto los aspectos normativos como empíricos del comportamiento delictivo.

Históricamente, la Política Criminal ha evolucionado desde enfoques centrados en el control estatal hacia perspectivas más humanísticas, que consideran al individuo como parte integral del tejido social. En el siglo XIX, pensadores como Feuerbach y Franz Von Liszt sentaron las bases para concebir la Política Criminal no solo como un conjunto de estrategias estatales para combatir el crimen, sino también como un ámbito que promueve la prevención de la criminalidad al mismo tiempo que respeta los derechos fundamentales de las personas. “A lo largo del siglo XIX, primero en los tiempos de Feuerbach, y después con el mismo Von Liszt, el ámbito político-criminal venía referido al conjunto de estrategias de las que disponía el Estado para reaccionar frente al fenómeno criminal […]” (Jiménez, 2003, pp. 9-10). Esta evolución pone de relieve la dualidad de la Política Criminal: como ciencia que estudia el delito en sus dimensiones teóricas y prácticas, y como política orientada a implementar acciones concretas en los ámbitos jurídico y social.

En el siglo XXI, la Política Criminal enfrenta el desafío de ser más que una mera reacción ante los delitos. Debe involucrar un análisis profundo y reflexivo sobre cómo el poder público debe actuar frente a la delincuencia. Desde un enfoque teórico, su objetivo es desarrollar estrategias concretas para combatir el fenómeno criminal, reconociendo que la aplicación de estas políticas puede variar según las realidades sociales existentes.

Disciplina

La Política Criminal se describe con mayor precisión como una disciplina que se mueve entre el ámbito científico y la configuración social, entre la teoría y la práctica. Esto se traduce en que, por un lado, se basa en el conocimiento objetivo del delito, mientras que, por otro, busca implementar políticas que representen ideas o intereses concretos. Este carácter dual es lo que a menudo genera debates intensos sobre sus propuestas y orientaciones. Este fenómeno puede observarse en su historia, donde ha evolucionado desde una visión puramente punitiva hacia un enfoque más integral que considere los derechos de los individuos, así como las implicaciones sociales y humanas de las acciones delictivas.

El estudio de la Política Criminal ha cambiado de paradigma a lo largo del tiempo, pasando de un enfoque centrado únicamente en el poder del Estado para reprimir y prevenir el delito, a una visión más abarcadora que examina cómo se debe tratar a aquellas personas que violan las normas sociales. Uno de los aspectos más profundos de esta disciplina es su construcción sobre la interrelación de diversos factores que van desde lo político y lo social, hasta lo económico y lo cultural.

Finalidades de la Política Criminal
Finalidad General

La finalidad general de la Política Criminal radica en garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica dentro de un marco de justicia y respeto a los derechos humanos. Esto implica no solo la reacción ante la criminalidad, sino también la construcción de un entorno que prevenga el delito desde su raíz mediante políticas sociales y educativas. La intención es actuar en múltiples niveles, desde la prevención primaria, que puede involucrar programas comunitarios, hasta la reeducación y reinserción social de los delincuentes.

Finalidades Específicas
  1. Prevención del Delito: La Política Criminal tiene como objetivo desarrollar programas que se anticipen a la aparición de conductas delictivas. Esto incluye la identificación de factores de riesgo y la creación de redes de apoyo social que disminuyan las posibilidades de que un individuo caiga en el delito.
  2. Control del Delito: Se busca la implementación de medidas eficaces de control social y jurídico que permitan gestionar y reducir el delito existente, garantizando criterios de equidad y justicia.
  3. Sanción del Delito: La imposición de sanciones debe ser justificada, proporcional y enfocada en el derecho a la reinserción del infractor. Esto requiere una reflexión profunda sobre la legitimidad del castigo y la moralidad de las penas aplicadas.
  4. Proteger a las Víctimas: Parte fundamental de la Política Criminal es el reconocimiento y protección de las víctimas del delito, lo que incluye acceso a la justicia, asistencia psicológica y programas de rehabilitación.
  5. Fortalecer el Estado de Derecho: El compromiso con el Estado de Derecho implica que cualquier respuesta a la criminalidad debe respetar los derechos fundamentales de todas las personas, asegurando que la justicia sea accesible y equitativa.
Funciones de la Política Criminal

Las funciones de la Política Criminal se pueden dividir en dos categorías principales: la crítica y la legislativa. En primer lugar, la función crítica busca investigar las causas del delito y proponer medios eficaces para su combate y prevención. La segunda, la función legislativa, se encarga de la elaboración de normativas que vengan a dar respuesta a estos planteamientos, buscando siempre un equilibrio entre la justicia y los derechos humanos de los delincuentes.

Un claro ejemplo de esto se refleja en la siguiente noticia, en donde las acciones implementadas en la Ciudad de México incluyen tanto la respuesta ante la criminalidad, como el trabajo preventivo a través de estrategias como el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, el despliegue policial, y la colaboración con la Fiscalía y otros organismos.

Al Momento, 05/02/2025, pág. 1

Desarticulan células criminales para garantizar la paz y la seguridad ciudadana

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha presentado los resultados de las acciones implementadas para fortalecer la seguridad y promover la igualdad en la capital. En un contexto donde la violencia ha sido una preocupación constante, Brugada Molina destacó que la estrategia adoptada ha permitido reducciones históricas en delitos de alto impacto

Enlace: 

Además, es importante destacar que toda política criminal debe estar respaldada por una filosofía penal coherente, que considere los límites del derecho a castigar y la protección de los derechos humanos, asegurando un abordaje justo y racional hacia el delito y sus consecuencias.

Características de la Política Criminal

La Política Criminal debe ser:
  • Pluralista: Reconociendo la multiplicidad de factores que contribuyen a la actividad delictiva y abordando la necesidad de métodos diversificados en su tratamiento.
  • Dinámica: Capaz de adaptarse a los cambios sociales y normativos que surgen en la convivencia.
  • Multidisciplinaria: Integradora de diversas disciplinas, desde la criminología hasta la sociología, formando un enfoque colectivo en la búsqueda de soluciones.
  • Realista: Basada en la evidencias observadas y ajustada a las necesidades colectivas y las capacidades del sistema.
  • Democrática: Enriquecida por los principios del humanismo y una justicia que aspire a ser igualitaria y justa.
  • Política: Orientada a la eliminación de injusticias culturales y sociales.
  • Internacional: Mirando hacia las experiencias globales y aprendiendo de ellas.

Referencias bibliográficas

Fernanda, M. (16 de Agosto de 2023). Reflexiones entorno a la Política Criminal [Fotografía]. Obtenido de Notitiacriminis. Recuperado de https://notitiacriminis.mx/tribuna/nfirmas/5435/

Jiménez, E. B. (2003). Sobre el concepto de política criminal: una aproximación a su significado desde la obra de Claus Roxin. Dialnet. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217111

Valle, C. (2025, 5 febrero). Desarticulan células criminales para garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Al Momento | Noticias, Información Nacional E Internacional. Recuperado de https://almomento.mx/desarticulan-celulas-criminales-para-garantizar-la-paz-y-la-seguridad-ciudadana/?utm_source=chatgpt.com




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